Conclusiones del I Congreso de Seguridad Social

 

Corolario y Reflexiones del panel sobre reajuste de haberes del Congreso Santafesino de Seguridad Social

1.- El proceso administrativo-judicial de reajuste de haberes sigue siendo lento y de duración incompatible con la naturaleza alimentaria del juicio y la edad de los litigantes.

2.- La utilización del proceso ordinario -derivado de la nefasta ley 24.463-, resulta igualmente incompatible con este tipo de juicios, siendo imperioso reiterar lo recomendado en anteriores congresos, en relación a la necesidad de una reforma del procedimiento que ordene la aplicación del proceso sumarísimo.

3.- La promesa de la ANSeS de no recurrir, en lo sucesivo, las sentencias de Cámara (Resolución 203/16), fue rápidamente dejada de lado ante el planteo de reemplazar el índice ISBIC -del fallo “Elliff” por el índice RIPTE previsto en la ley de "Reparación Histórica". En este orden, y en primer término, preocupa que el organismo se ubique fuera del orden jurídico, incumpliendo en los hechos una norma emanada de la propia ANSeS. En segundo lugar, las tres Salas de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social y varios Juzgados del interior del país, ya se han manifestado en contra de esta postura, con sólidos argumentos que compartimos y al cual nos remitimos. Por tal motivo, exhortamos a nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a emitir un fallo ejemplar, ratificando la jurisprudencia vigente.

4.- Es imperioso que este decisorio del más Alto Tribunal se emita con celeridad, para evitar demoras e incertidumbres que atentan contra nuestra clase pasiva. De lo contrario, la justa composición de los haberes se verá desplazada por un criterio economicista (lo que ya ocurrió en otros fallos como el del caso “Chocobar”), evidenciando un sometimiento del Poder Judicial a la oferta de ajuste en los haberes de los beneficios que surge de la ley  27.260, que por otra parte es de aceptación voluntaria.

5.- De aceptarse el planteo de la Anses se vería seriamente afectada la seguridad jurídica de nuestros jubilados y pensionados. Debe advertirse, que muchos de quienes prosiguieron o iniciaron un proceso de reajuste de sus haberes lo hicieron motivados en la gran diferencia entre la propuesta de la ley 27.260 y los resultados de una sentencia de reajuste. Prefirieron sacrificar años de espera (es decir tiempo, que es el bien más preciado para ellos), a cambio de un haber digno. Resultaría un escándalo no solo jurídico sino también moral y social, no mantener la jurisprudencia pacífica y someterlos a un juicio de años para obtener, en definitiva, el mismo resultado que si hubiere aceptado la oferta de la ley. De esta manera, el carácter optativo de las propuestas del programa se convertirán en obligatorias en la práctica.

6.- Las sentencias firmes deben ser liquidadas por la Anses dentro del término legal de 120 días hábiles (art 22 ley 24.463) y no puede demorarse su pago mediante el ofrecimiento  de una oferta en el marco del programa de la ley 27.260.
En este orden, resulta preocupante la actitud de la Anses que está realizando ofertas a quienes son titulares de sentencias de reajuste firmes, ya que las mismas no pueden ser objeto de transacción por tratarse de derechos que no están en litigio ni revisten duda (art. 1641, Código Civil y Comercial).

7.- El proceso de ejecución de sentencia contra la Anses, cuando el plazo legal se encuentra vencido, debe adecuarse a las normas previstas en los arts. 499 y ss del CPCCN, ya que su "ordinarización" no encuentra sustento legal y constituye un premio para la administración morosa, quien de este modo dilata el pago de las sentencias. También resulta inadmisible seguir utilizando la tasa pasiva de interés conforme la doctrina emanada del fallo “Spitale” de la Excma. Corte, ya que el mismo es válido para períodos  de nula inflación, debiendo aplicarse la tasa activa de interés a los efectos de evitar que se “licúe” la deuda y termine siendo más beneficioso para el Estado incumplidor pagar fuera de término.

8.- Resulta necesario impetrar a los servicios jurídicos de las UDAI de la Anses, la inmediata formación de los expedientes de liquidación de sentencias y su remisión a la gerencia de sentencias judiciales. Se evidencia una excesiva demora en remitir las actuaciones administrativas a liquidar una vez recibidas de la Justicia.

9.- Con respecto a las liquidaciones de las sentencias, sigue existiendo un alto porcentaje de casos donde no se respeta la jurisprudencia imperante (por ejemplo, descuento de ganancias sobre retroactivos, o no se respeta los dos años previos al reclamo, entre otros).

10.- Se propicia solucionar la excesiva demora en las liquidaciones de sentencias por ley 24.016 (caso "Gemelli"), y la e engorrosa tramitación de las causas.

Por lo que se propone se implemente un mecanismo ágil de intercambio de datos entre los ministerios de Educación u organismo pertinente de las provincias y el área de liquidación de sentencias de Anses. Preocupa además que no se cumpla con la restitución lisa y llana de la movilidad dispuesta en ley 24.016 (art. 7), ya que los haberes quedan congelados hasta tanto se inicie o un proceso de ejecución de sentencia o un reclamo administrativo al efecto.

11.- Por fin, se propone terminar con el desigual trato que reciben los ex afiliados a la Capitalización (art.16, CN), respecto a los del Reparto, en las siguientes situaciones:

  1. Garantía del haber mínimo para los ex afiliados de la Capitalización que no tienen componente público, sin necesidad de juicio, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Etchart, Fernando Martín del 27.10.2015;

  2. Devolución de los aportes voluntarios o depósitos convenidos realizados por los afiliados a la ex Capitalización, sin necesidad de juicio, conforme lo resuelto por la Corte en Villareal, Mario Jesús, 30.12.2014;

  3. Reajuste de oficio a cargo de la ANSES de las rentas vitalicias previsionales, conforme lo resuelto por la Corte en el fallo Deprati, Adrián Francisco del 4.2.2016; y

  4. Perfeccionamiento del fallo Deprati, eliminando las diferencias que existen en los reajustes de los afiliados al Reparto con los de la ex Capitalización, pagándoles a todos los beneficiarios el mismo haber reajustado y la misma retroactividad, en jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones, en base a lo resuelto en el caso Sabha, Héctor de la Sala II, de la Cámara Federal de la Seguridad Social de la ciudad de Buenos Aires, 12.7.2017.

     

Conclusión. Retiro Transitorio por Invalidez. Congreso Santafecino de Seguridad Social

La exposición refirió   al trámite a realizar a los fines de la obtención del Retiro por Invalidez, específicamente en lo referido al % de Invalidez solicitado por la Ley 24241. Delineando los procedimientos en la Comisión M Jurisdiccional, apelación ante la Comisión Medica Central, y CFSS.-

La ley 24241, trae en su articulado un concepto de invalidez, orientado   a valorar  la Incapacidad física o psíquica, desechando la denominada Invalidez Social o de Ganancia (imposibilidad o desventaja que le impide a la persona procurarse recursos económicos, producto de un estado de precariedad o desamparo nacido de otras circunstancias).-                           

Es con el Decreto 478/98 “Baremo” - Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al S.I.J.P (hoy SIPA), que este concepto se ve suavizado, ya que incorpora novedosos conceptos. Destaca que el Concepto Invalidez excede los límites de la incapacidad física y psíquica, y deben necesariamente agregarse otros factores, llamados: COMPLEMENTARIOS, Y COMPENSATORIO, asignándose un porcentaje determinado  que se sumaran aritméticamente a los porcentajes de incapacidad determinados.-

Los distintos fallos analizados, desde el fallo “…Meló, Miguel Ángel c/Máxima AFJP s/jubilación por invalidez ley 24.241 (CMC)”, 24/08/00 C.SJ.N…”, hasta la actualidad, han hecho hincapié en que los distintos factores deben ser considerados en forma conjunta con la disminución física que afecta al afiliado, lo que puede derivar razonablemente la imposibilidad de realizar las tareas habituales u otras compatibles con sus aptitudes profesionales.

Le ha tocado una vez más a la Justicia, resolver situaciones que  lucirían totalmente injustas, si fueran resultas siguiendo una estricta interpretación de lo normado por la legislación, la cual necesita ser re- evaluada a fin de que esto no ocurra. Todo en el marco de lo expresado por la CSJN en el fallo referido, al señalar que  “…la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, y el apego excesivo al texto de las normas, sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional (Fallos: 308:567; 310:2159; 313:79 y 247, entre otros)...”.-

Regímenes Diferenciales

Siguiendo con la línea de este Congreso Santafesino de la Seguridad Social en cuanto a Actualidad y Nuevos Paradigmas a seguir, señalare que la principal problemática actual de los Regímenes Diferenciales en nuestro sistema es la FALTA DE APORTES en la gran mayoría de los trabajadores con tareas diferenciales para poder llegar a cumplimentar con los requisitos exigidos en cada uno de ellos a los fines de obtener el beneficio previsional.

 

 Faltante de aportes la cual se ve en gran medida reflejada en los regímenes que se estudiaron en particular “Régimen de la Construcción” y “Régimen Agrario” , esto derivado en muchos casos de los años trabajados sin estar Registrados (en negro)/o indebidamente Registrados (como tareas comunes o monotributistas) o de la ausencia/insuficiencia de documental probatoria que no podemos suplir debido a las reglamentaciones duramente restrictivas que las regulan en algunos casos, y así  vemos en la práctica que el criterio reglado y utilizado por las distintas oficinas se encuentra muy lejos del principio jurídico “In Dubio Pro Operario” y del sentido común que debemos utilizar en este campo del derecho.

 

 Terminando con esta breve conclusión, debemos resaltar que esta situación se agudiza cuando frente a un porcentaje de Trabajo en Relación Dependencia No Registrado cercano al 40% de la masa trabajadora nos encontramos con una política de retiro indiscriminado de moratorias,  la cual entiendo no debería tener cabida sin primero solucionar este problema mejorando los controles y hasta tanto efectivamente mejoremos estos indicadores, de lo contrario, y ya lo estamos padeciendo, seguiremos cíclicamente  volviendo a la línea de partida  del exiguo 60% por ciento de cobertura previsional jubilatoria que alguna vez tuvimos una y otra vez, con el daño  que ello implica para una sociedad como la nuestra en plena maduración.

 

Régimen de la Construcción Ley 26.494 : Normativa y Ámbito de aplicación – Sujetos – Requisitos y Prorrateo – Desempleo Diferencial -  Análisis de la Prueba cuestiones prácticas documentadas.

 

Régimen Agrario Ley 26.727 :  Introducción evolutiva – Normativa y Ámbito de aplicación – Sujetos excluidos análisis crítico de la ley – Requisitos y Prorrateo – Análisis de la Prueba cuestiones prácticas  documentadas – ILEGALIDAD en el tiempo del descuento preventivo 5%  por aportes declarados sobre jubilación.

 

Incompatibilidades  art. 34 Ley 24.241 : Consecuencias y casos prácticos tendientes al cobro directo del beneficio evitando perdida del  retroactivo.   

 

Cristian Tournour.

Conclusión Dra. Mercedes CRESPO

Se hizo un resumen de los casos en los que administrativamente nos deniengan de manera sistemática el beneficio de pensión ó invalidez por aplicación del decreto 460/99.

Atento a que este decreto tiene ya casi dos décadas de vigencia y siendo que son varios los casos en los que judicialmente se ha reconocido pacificamente por la  jurisprudencia el derecho a uno ú otro beneficio y a fin de no obligar a los particulares en los momentos más dificiles a tener que tramitar un juicio para lograr la obtención del beneficio, se exige de manera urgente la modificación de mentado decreto, en la que se tenga en cuenta todos los casos mencionados.

Asimismo se aconseja crear una comisión encargada de ir estudiando y analizando posibles nuevos casos que sean necesarios incorporar.

 

Conclusión respecto al panel sobre ley 27.348. Naturaleza Jurídica del Sistema de Salud Laboral

Expositor: Dr. Marcelo F. Giuliani.-

En disertante expresó al respecto, que en febrero de 2017, se sancionó la ley 27.348, modificatoria del régimen de accidentes y enfermedades del trabajo.-

Expresó que el punto de partida para el saneamiento de las deficiencias propias del régimen de accidentes y enfermedades del  trabajo,  es la determinación de la naturaleza jurídica del sistema, y aplicación de principios de la rama del derecho que ocupe.-

No es lo mismo situar al accidente de trabajo dentro del derecho laboral de responsabilidad patronal con un seguro obligatorio, de naturaleza comercial, o en la seguridad social.-

Es pues la seguridad social que debe encontrar la herramienta que le permita responder en forma inmediata y adecuada ante el infortunio, dejando de lado el debate sobre quién es el responsable del pago.  Es decir, el trabajador debe quedar desvinculado de dicha discusión.-

Concluyó diciendo que, la legislación actual, resulta totalmente obsoleta, no generando una solución que disminuya el alto grado de litigiosidad, debiendo en definitiva ser el Estado, mediante la seguridad social el que establezca un régimen que satisfaga los objetivos propuestos, que termine con las incompatibilidades, entre los distintos operadores y el trabajador, en definitiva el que asegure la preservación de la capacidad laborativa, único bien jurídico que debe custodiar.- 

 

Dr. Mario PAGANINI

A los treinta años gloriosos de la seguridad social,  le siguieron otros treinta y un poco más años de disputas, al principio por los ataques de los modelos privados de capitalización  que pretendieron desplazar a los sistemas públicos de reparto redistributivos y luego, en la última década, por los cambios ocurridos en la sociedad y en el mercado de trabajo. Preocupan ahora dos o tres temas  que la seguridad social tendrá que enfrentar obligándola a cambiar algunos aspectos para no perder su función social fundamental. 

1-     Uno es el reemplazo de la mano de obra por la técnica. Esta sustitución se expande y abarca todo tipo de trabajo. Tiene efectos tanto sobre  los regímenes de reparto que    financian las prestaciones  con los ingresos de los trabajadores que  disminuyen  en cantidad  y pierden  la estabilidad de la cerrera con la ocupación  accidental,   aleatoria y discontinua, como en  la modalidad de  capitalización individual, que se encuentra con el escollo de la falta de empleo continuo y permanente durante los años necesarios como para tener una acumulación de capital adecuada.  

¿La alternativa será reemplazar el faltante con algún impuesto especial o con una proporción de los ingresos públicos generales o con aportes de los robots aunque esto último dispare alguna sonrisa ? O el Estado se descargará de esa responsabilidad trasladando a los privados la cobertura del  futuro?

    Puede pensarse que habrá nuevos puestos de trabajo que ahora no existen pero ¿los habrá en la cantidad necesaria? Se reducirán los horarios y jornadas? Se increm,entará el ocio?

Por el lado de la pasividad hay un aumento de la población debido al incremento de la expectativa de vida. La cantidad de  años de pasividad iguala a los de actividad?

2-     El segundo punto es el declive de los derechos sociales y una intensificación de los derechos individuales. Es un hecho que por su expansión se convierte en tendencia y tal  vez no esté desvinculado del  anterior.  

El desarrollo de los derechos sociales se parece a una parábola. Nacieron  porque lo social condiciona  la individualidad  y porque se reconoció  que tales condicionamientos no pueden ser superados individualmente. Después de la segunda guerra mundial la “universalización” es realizada en buena parte. Luego, en la década del 980 desciende (sentido de la parábola).

Una parte muy importante de la teoría jurídica, principalmente constitucional, consciente o inconscientemente, caminó sobre esa parábola e inauguró lo que llama el neoconstitucionalismo. Cuando los derechos sociales estaban en expansión, esto fue una entrada de  concepciones sociales en las constituciones,  forma esta que no irritaba  al liberalismo. Otros lo aprovecharon   para no hablar del derecho natural, bastante cuestionado.  No obstante, en algunos, con el  nombre de neoconstitucionalismo,  el derecho natural ingresaba  por la puerta de atrás.

 La resolución o superación de las condiciones sociales puede haber producido la mayor realización de lo  individual y, por consiguiente, la revalorización del   individuo. ¿Entonces, el repliegue de lo social se debería a su propio éxito?

Pero la  enunciación de la materialidad en el contenido de las normas y en parte porque esa materialidad lleva a la mayor concreción de las sentencias, compromete al  Juez en la atención de los detalles materiales y concretos de sus decisiones. Los significantes de las normas refieren a  contenidos que suelen ser más amplios y flexibles que los comprendidos   en el origen de esas mismas normas. ¿Debe cambiar las condiciones y actitudes de los jueces?

3-     Las familias han cambiado sus características, modalidades y exigencias de manera que las pensiones de acuerdo al modelo del SXX ya no son eficaces. Las uniones a largos plazos son sustituidas por pluralidad de convivencias temporales. 

4-     Por las razones indicadas,  se piensa que la  financiación de los modelos de previsión ya no puede limitar sus recursos a los aportes y contribuciones sino que deberá tener el refuerzo de los impuestos generales. Se pierde lo absoluto en la distinción entre lo asistencial y contributivo.

5-     Por consiguiente: dada la dinámica de la sociedad,  el presente y el futuro requerirán amplias y profundas investigaciones  para que la previsión siga desempeñando las importantes función que les fueron  asignadas.      

Conclusiones Panel FEDERAL

1.- Inclusión en todos y cada uno de los Congresos que pudieran organizarse de aquí en adelante, de un Panel Federal, conformado por profesionales de todas las Provincias del País, el que se refleje la situación y analice la jurisprudencia de la Cámaras Federales de cada Provincia, y en general, de la evolución de las causas a partir del caso “Pedrazza”. Propiciando que todo el país pueda hacer escuchar sus voces  en estos ámbitos académicos.

2.- La región de Cuyo ha postulado, la NECESIDAD DE PLENARIOS, en el ámbito de la Cámaras Federales, a los fines de  aunar criterios y propender a una necesaria uniformidad Jurisprudencial.-

3.- Córdoba propone la formación de una “INSTITUCION FEDERAL”, con todos los profesionales referentes de cada provincia. La forma que tendría sería la de una ASOCIACION INDEPENDIENTE (de Los Colegios Profesionales y/o cualquier otra Institución aglutinante), que se manejará “vía online” desde la ciudad de Santa Fe.

 4.- Chaco, propone que: EL RETIRO VOLUNTARIO, sea considerado como UNA PRESTACION SOCIAL, teniéndose al mismo, como tiempo efectivo de servicios y solo para el cómputo de derecho, PERO DE NUNGUN MODO, se lo tenga en cuenta para acreditar aportes ni montos remunerativos, como hoy lo es el desempleo.-